El sistema jurídico español se divide territorialmente en Comunidades Autónomas, Provincias, Partidos y Municipios. El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional son los únicos órganos judiciales con ámbito de actuación nacional.

Este sistema tiene una organización jerárquica. Por encima de los Juzgados y los Tribunales de ámbito nacional existen instituciones superiores que se ocupan del control de los órganos jurídicos, la organización de los mismos y la defensa de los intereses del Estado y de la Constitución.