La Ley de la Memoria Histórica aprobada en el congreso presenta como novedad la retirada de cualquier símbolo o nombre de calle franquistas y de exaltación a la Guerra Civil en las ciudades españolas.

Esta acción afecta a las Administraciones Públicas y Privadas. Si éstas últimas, incluida la Iglesia, presentan una negativa a hacerlo se les retirarán las subvenciones y ayudas del Gobierno.

Las principales modificaciones del texto de esta ley se refieren a la condena del régimen de Franco y a la “ilegitimidad” de los tribunales sin garantías de la época y sus sentencias.